Uribe en el banquillo, ¿caída de un "ídolo" o prueba de la justicia?

Por primera vez en la historia reciente de Colombia, un expresidente se enfrenta a un juicio penal ordinario por delitos que, de probarse, revelarían una maquinaria subterránea de manipulación judicial. Álvaro Uribe Vélez —dos veces presidente, senador, líder político indiscutible del uribismo y figura polarizadora como pocas— es acusado formalmente de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

Y no es cualquier acusación. Según la Fiscalía, Uribe habría coordinado, a través de su entonces abogado Diego Cadena, una red para manipular testimonios de exparamilitares con el objetivo de limpiar su nombre y desacreditar al senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de vínculos con el paramilitarismo. Testimonios, llamadas, visitas carcelarias, cartas y ofrecimientos de beneficios —incluyendo dinero— hacen parte del expediente.

Uribe se defiende afirmando que solo intentaba verificar información sobre un posible montaje en su contra. En su relato, él es la víctima de una conspiración política y judicial, orquestada por sus adversarios ideológicos. Es más: sostiene que nunca buscó testigos falsos, sino que quiso desenmascarar testigos falsos en su contra. Lo que para él es “verificar”, para la Fiscalía es “manipular”.

Aquí no solo se juzga a un expresidente. Se somete a escrutinio todo un modelo de poder que durante dos décadas ha marcado el rumbo del país. Y este juicio tiene la particularidad de haber sido dilatado por años: recusaciones, tutelas, recusaciones a las tutelas, recursos, y un calendario que —para muchos— huele a estrategia de prescripción. No faltan quienes aseguran que el uribismo, hoy desgastado, pero aún fuerte, busca ganar tiempo hasta octubre de 2025, fecha en la que varios de los delitos prescribirían.

Pero lo más grave de todo no es el presunto delito en sí —que lo es—, sino el efecto corrosivo que este proceso ha tenido sobre la credibilidad institucional. La defensa de Uribe acusa parcialidad de la jueza Sandra Heredia. La Fiscalía ha sido tildada de débil o cómplice, según desde qué orilla se mire. Y la opinión pública, polarizada como siempre, convierte los hechos judiciales en trincheras ideológicas: para unos, Uribe es un mártir de la justicia; para otros, el símbolo de una impunidad que por fin se empieza a resquebrajar.

No olvidemos que este proceso nació, paradójicamente, de una denuncia del propio Uribe contra Cepeda en 2012. Como en una mala vuelta de guion, la Corte Suprema no solo no encontró mérito para investigar al senador de izquierda, sino que terminó volteando la lupa hacia el expresidente, descubriendo una cadena de actuaciones que hoy lo tienen sentado en el banquillo.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede la justicia colombiana juzgar, sin presiones ni sesgos, al político más poderoso del siglo XXI en este país? ¿Puede un juez emitir sentencia contra un expresidente sin temor a las consecuencias políticas, mediáticas o incluso personales? Y más aún: ¿estamos como sociedad listos para aceptar el resultado, sea cual sea?

En un país donde la justicia ha sido selectiva, lenta y frecuentemente manipulada, este juicio es más que un caso penal. Es una oportunidad —probablemente única— de demostrar que la ley no distingue entre poderosos y comunes. Que nadie, por más escudo político que tenga, está por encima del Estado de derecho.

El futuro del expresidente está ahora en manos de la justicia. Pero también lo está el futuro de nuestra confianza en las instituciones. Si gana la verdad, sea cual sea, ganamos todos.