La demanda de Petro a Álvaro Leyva: un ajuste de cuentas en la cúpula del poder. Cuando la política degenera en vendetta institucional

La reciente demanda que el presidente Gustavo Petro interpuso contra su ex canciller Álvaro Leyva Durán marca un nuevo y desconcertante capítulo en la historia política de Colombia. Lo que comenzó como una relación cercana, casi de confianza ciega, termina ahora en los tribunales, con acusaciones que exponen no solo la fractura entre ambos, sino también la fragilidad interna del proyecto político del llamado “Gobierno del Cambio”.

Petro no está demandando a un opositor ni a un funcionario menor. Está demandando a uno de sus hombres más cercanos, quien fue clave en el diseño de su política exterior, defensor de la “potencia mundial de la vida” y figura histórica del proceso de paz. Álvaro Leyva fue mucho más que un canciller: fue una bisagra entre el gobierno y los sectores internacionales que aún veían con escepticismo a Petro. Por eso la demanda sorprende, pero sobre todo preocupa.

La querella, según lo conocido, se centra en declaraciones hechas por Leyva luego de su salida del cargo, en las que insinuó presiones indebidas dentro del gobierno, acusaciones graves sobre irregularidades en el contrato de pasaportes y un aparente intento de desacreditar al presidente públicamente. Petro, al sentirse agraviado, decidió actuar judicialmente, alegando que se trata de falsedades que lesionan su honra.

¿Tiene derecho el presidente a defenderse si se siente difamado? Por supuesto. Pero cuando un mandatario en ejercicio demanda a un exministro de su propio gabinete, el acto trasciende lo legal y se vuelve profundamente político. Aquí no estamos ante un simple proceso judicial: estamos presenciando un quiebre público dentro del gobierno, que revela grietas en la confianza, luchas de poder internas y un evidente deseo de ajustar cuentas.

El trasfondo no puede ignorarse. La caída de Leyva fue un golpe fuerte para el gobierno. Su suspensión por parte de la Procuraduría (a raíz del escándalo por la licitación de pasaportes) lo dejó en una posición incómoda, pero sus declaraciones posteriores agravaron la situación. Al señalar presuntas presiones y decisiones erradas, Leyva no solo intentó limpiar su nombre: dejó entrever que lo ocurrido podría tener raíces más profundas dentro del propio gobierno. Petro, al demandarlo, parece querer cortar de raíz ese discurso, tal vez por miedo a que crezca o a que otros exfuncionarios se animen a hablar.

Pero hay algo aún más inquietante: el tono. La reacción judicial, al igual que otras decisiones del presidente frente a quienes se apartan de su línea, muestra un patrón de intolerancia frente a la disidencia interna. En lugar de debatir o aclarar públicamente las diferencias, el recurso es la confrontación directa, la personalización del conflicto, y en este caso, el uso de la justicia como herramienta política.

Lo que está en juego aquí no es solo el honor del presidente, ni el de Leyva. Es la forma como se ejerce el poder en Colombia. Cuando las diferencias entre funcionarios se judicializan y se convierten en espectáculos públicos, se corre el riesgo de desviar la atención de lo esencial: los resultados de gobierno, la transparencia, y el bienestar de la ciudadanía.

Este episodio deja al descubierto que el proyecto de Petro no solo enfrenta una oposición férrea en el Congreso o en los medios, sino también fracturas dentro de su propio círculo. La demanda a Leyva no es una simple acción legal: es la expresión de un gobierno que, ante sus contradicciones internas, ha optado por resolverlas en los estrados antes que en el diálogo. Y eso, en política, es siempre un síntoma preocupante.