Juventud, poder y privilegio: el caso de Juliana Guerrero

La ascensión meteórica de Juliana Guerrero, apenas en sus veintitantos, ha desatado una tormenta de cuestionamientos éticos e institucionales. En un país con estructuras rígidas y profundas inequidades, su caso expone una desconcertante paradoja: parece más fácil acceder a cargos de poder si se tiene la protección adecuada, más que si se cumple el camino formal.

Una hoja de vida exprés y poco rigurosa

Se critica que Guerrero presentó un título de contadora pública de forma casi simultánea a su nombramiento, sin haber presentado la exigida prueba Saber Pro. La universidad admitió el error administrativo y convocó una junta para aclarar cómo se graduó sin ese requisito legal. El caso deriva en una posible falsedad documental que podría llegar a la Fiscalía. Para colmo, el ICFES desmintió datos —o la falta de estos— de manera “indebida”. Más allá de tecnicismos legales, este tipo de irregularidades minan la legitimidad: los jóvenes profesionales decentes, tras años de esfuerzo, no tienen la capacidad de usar atajos cuando se les exige cumplir cada paso.

Recursos públicos como chaleco VIP

El episodio del uso de avión y helicóptero de la Policía para un desplazamiento que no tenía justificación pública es indignante. Se gastaron 126 millones de pesos en combustible en un día, haciendo del viaje un uso cuestionable del patrimonio público. Apelaciones a convenios institucionales y “misiones secretas” reflejan más un escudo retórico que una explicación transparente. A esto se suma el señalamiento de que Guerrero y su hermana controlaron contrataciones en el Ministerio, decretando que “ningún contrato salga”. Si acaso algo simboliza la desigualdad de acceso, es saber que algunos jóvenes blancos tienen chofer oficial, escoltas sin riesgo real, helicópteros por “misión” mientras otros ven puertas cerrarse con su trayectoria ordinaria.

Protección institucional sin justificación

Guerrero recibió protección estatal, incluyendo escoltas, a pesar de que no se vislumbraba un riesgo justo que lo justificara. Eso ayuda a consolidar una imagen de privilegio: quien no forma parte del círculo, no accede ni aun con méritos reales.

¿La juventud es excusa o coartada?

Defensores la exaltan como “una voz de juventudes”, como si la edad fuera pretexto para relevar criterios básicos de idoneidad. Está bien promover talento joven, pero no a costa de descuidar normas que sostienen el Estado de derecho. Menos aún debe convertirse en herramienta para intimidar la crítica, como el presidente lo hizo al señalar que la atacaban por ser joven, afro y mujer, desdibujando así los legítimos cuestionamientos y amigándolos con ataques ideológicos.

Una juventud cooptada por el poder

Si como país queremos creer en el recambio generacional, este no puede convertirse en la vara que mide distinto ni ampara. Las juventudes deben tener voz, sí; representación real, también; pero ello no puede justipreciar ni tapar atropellos institucionales. De lo contrario, terminamos legitimando modelos que reproducen inequidades: unos, por mérito; otros, por amiga, por hermana, por “misión”.

Colombia merece instituciones robustas, exigentes e imparciales. Y si vamos a apostar por jóvenes, que sea apostando por los mejores, no por los más protegidos. Juliana Guerrero podría ser un símbolo de cambio o una advertencia de lo que ocurre cuando la política prioriza lealtades sobre requisitos, apariencias sobre deberes.